La transparencia en el manejo del dinero que se les otorga a las comunas es un tema que preocupa a los voceros del poder popular
Lo que comenzó como una sospecha hace tres años hoy es una denuncia sin respuesta (Créditos: Betania Álvares)
Narkys Blanco.- La transparencia en el manejo del dinero que se les otorga a las comunas es un tema que preocupa a los voceros del poder popular. Según las 22 consultadas por Últimas Noticias, el proceso para denunciar el desvío de recursos dentro de estas organizaciones es casi imposible.
En la comuna Victoria Socialista de Carapita se perdieron Bs 925 mil hace tres años luego de que tres voceros de la organización los distrajeran del uso al cual estaban destinados. Los vecinos aún esperan que se aclare el caso para poder continuar las obras de construcción de varios proyectos socioproductivos que quedaron a medias.
Coromoto Lira, vocera de la organización, cuenta que para poder denunciar y demostrar que hubo apropiación indebida de los recursos se debe brincar de una institución a otra porque no hay un canal directo para hacerlo y aún así en ningún lado resuelven la denuncia. “A nadie le importa”, dice.
En ese sector, el entonces presidente Hugo Chávez entregó los recursos en 2010, a través de una cooperativa que era parte de la comuna en construcción conformada por 18 consejos comunales. Ese dinero fue manejado por tres personas: Gregoria David, Irma Gómez y Yesmín Guanipa, voceras de tres de las comunas. La idea era la construcción de una herrería, una bloquera, una textilera, una panadería y una carpintería socialista. Comenzaron los trabajos y a los dos meses se suspendieron porque ellas se excusaron con que “la plata no alcanzó”.
“De inmediato pedimos rendición de cuenta y la misma fue negada y ahí quedó todo”, afirma.
Lo que comenzó como una sospecha hace tres años hoy es una denuncia sin respuesta. “Fuimos al Fondo de Desarrollo Microfinanciero (Fondemi), por ser el ente por donde bajó la plata, revisaron el caso y nos mandaron a Fundacomunal. Allá hicieron una auditoría y nos mandaron a la Fiscalía, ahí tomaron la denuncia; pero si no fuiste previamente al ente que bajó los recursos, no te atienden. De ahí enviaron la denuncia al Cicpc, estos fueron al Banco Comunal, pero para abrir la caja fuerte y ver las facturas necesitaban una orden de allanamiento de la Fiscalía y entonces nos mandaron para atrás otra vez. En eso estamos, brincando de institución en institución sin respuesta”, relata.
Luego de tres años, el caso está en la Fiscalía 79ª del Ministerio Público, los denunciantes fueron atendidos e interrogados, y ahí quedó. Mientras tanto, no pueden obtener apoyo de otras instituciones para adelantar ninguno de sus proyectos.
Lira asevera que, además de la falta de atención, los denunciados trabajan en instituciones del Estado: “Una de ellas, Irma Gómez en el Ministerio para la Mujer, arregló su casa con ese dinero. La otra, Gregoria David, trabaja en el Gobierno de Distrito Capital, compró su vivienda a través de una venta ficticia. Y la otra, Yesmir Guanipa, que trabaja en el Consejo Federal de Gobierno, utilizó los reales para su lucro personal”.
Sin son ni ton. En Sabana Grande pasa algo similar, pero ahí la comunidad que no forma parte de la comuna es la que ha visto con preocupación las irregularidades y no saben a dónde acudir para que se haga una revisión de las cuentas de la comuna Aponwao. En una oportunidad fueron a Fundacomunal y nadie les supo decir cómo hacer el procedimiento, solo dijeron que ellos no reciben denuncias.
“Hay información que no está clara por parte de las instituciones del Estado. La comuna Aponwao, que está en Sabana Grande, hizo un centro de economía comunal que es para el lucro individual y uno no le ve el queso a la tostada. No explican ni dicen qué es lo que hacen y manejan los recursos como mejor les parece”, manifestó Carlos Medina, vocero comunal de la parroquia El Recreo.
Esfuerzo colectivo. Otras comunidades, aunque tampoco conocen por completo el procedimiento para denunciar irregularidades, hacen un esfuerzo por dejar las cuentas claras y evitar tener que pasar por ese laberinto de instituciones. En Carapita, la comuna José Félix Ribasviene trabajando de la mano de las instituciones y hasta la fecha no ha presentando ningún problema, está activa desde 2010 y tiene hoy una empresa de propiedad social directa, una fábrica textil con recursos que les dio el Gobierno de Distrito Capital por un monto de Bs 1.300 millones. “Se bajaron en dos partes de Bs 650 mil cada una para evitar el desvío de recursos. Antes se hacía en una sola parte, ahora no, se rinde cuentas y luego se baja la otra, eso por solicitud de la institución”, indicó Jobany Rojas.
Falta de organización. Para Pedro Maldonado, quien ha profundizado en el tema de las comunas, el problema en el desvío de fondos es la falta de organización.
“Me parece que hay muy poca proactividad en las comunidades para hacerse corresponsables de las funciones contraloras, se piensa que solo es función del vocero encargado y eso es un error, todos debemos serlo. El problema no es que la comuna maneje o no dólares o bolívares. Es que aún no hay espíritu de comuna porque no hay conciencia de lo que es y para qué, y eso es responsabilidad del Estado”, informó.
Expuso que hay un mecanismo “post mórtem” para determinar los casos de desvíos de fondo: “Es algo ingenuo pensar que quien se apropie de fondos indebidamente lo va a declarar”.
Para Maldonado, eso es falta de voluntad política: “Esa falta de atención es lo que genera ralentización en el avance de la consolidación del poder popular, por parte de un Estado burgués que se niega a mutar a este nuevo tipo de organización social y política tan importante”.
No podrán manejar dólares. Debido a la falta de claridad en el tema de la transferencia de las finanzas a las comunas, el Estado acordó que el proceso de importaciones que anunció hace un mes el presidente Nicolás Maduro, donde se dijo que las comunas podrían participar en la subasta de Sicad, quedó reducido a que los productos que necesiten esas organizaciones sociales serán importados al país a través de la empresa Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), explicó Alexis Toledo, viceministro de Comunas y Protección Social.
Sin embargo, de las 22 comunas consultadas en el Distrito Capital por ÚN, solo dos están al tanto de esa medida; aún así, desconocen el procedimiento a seguir. Las demás no saben nada.
Mientras, el presidente Maduro crea la Comisión Presidencial de Gobierno Comunal y asegura que las comunas son la base para la transición a la economía socialista, parece evidente la existencia de hechos graves de corrupción, de investigaciones que no terminan, de denuncias que no son escuchadas y de un extravío de papeles entre las instituciones que deben ocuparse de las averiguaciones y sancionar a los responsables de irregularidades.
Lo dice la ley
Ley Orgánica de los Consejos Comunales En los artículos consultados se aprecian diversos parámetros pero ninguna sanción de penalización. En el art. 14 se expone que los deberes de los voceros son la disciplina, la participación, la solidaridad, la integración, la ayuda mutua, la corresponsabilidad social y la rendición de cuentas. Mientras que en art. 33 dice que la Unidad de Contraloría Social es la instancia para realizará la evaluación de la gestión comunitaria y la vigilancia de las actividades.
Ley Orgánica de las Comunas El art. 49 trata de la obligación de los voceros de Contraloría Social de exponer la rendición de cuentas ante las instituciones del Estado sobre los recursos.
Ley Orgánica de Contraloría Social En el art.13 se explica el procedimiento que deben seguir los voceros de contraloría social para denunciar una irregularidad a través de la denuncia o noticia criminis según el caso, notificando al órgano competente y haciendo seguimiento a la denuncia hasta tener respuesta.
Entes bajan recursos sin ningún control
El viceministro de Comunas y Movimientos Sociales, Alexis Toledo, explicó que hasta la fecha no hay un mecanismo de uniformidad entre las instituciones del Estado para hacer la transferencia de recursos a las comunas ni a otras organizaciones sociales y que se está trabajando en la creación de un sistema único.
“Es tarea de todos mejorar la transferencia, de alcaldes, gobernadores y, también, de las comunidades. Por esto se creó la Comisión Presidencial de Gobierno Comunal con la finalidad de que se evalúen los procesos financieros, además de otras solicitudes de la comunidad”, dijo.
Aclaró que desde ese viceministerio no se regula qué hace cada institución con sus recursos ni cómo se va a sancionar a la organización que use mal los fondos.
“Se están atendiendo áreas de trabajo que están directamente relacionadas con la transferencia y verificación de recursos. Ahí tenemos un sistema de control de lo que gastamos de lo que entra y lo que sale, pero no podemos penalizar a ninguna organización comunal. Simplemente investigamos o dejamos de bajar los recursos. Si hay pruebas de algún tipo, no podemos penalizar de ninguna forma porque no somos un ente de penalización; pero si ya el delito se cometió, para eso está el poder público que es la Fiscalía General de la República”.
Hizo referencia a la “necesidad insoslayable” de que los voceros comunales de finanzas hagan la declaración jurada de patrimonio, así como la hacen los funcionarios públicos.
“Si se transfieren unos recursos a una comunidad y alguien se los agarra, esta persona se está exponiendo a una averiguación, incluso a que la pena sea la cárcel, por el uso indebido de fondos que son del Estado”, dijo.
Cómo ayuda la fiscalía
En el portal web de la Fiscalía General de la República (http://www.ministeriopublico.gob.ve), se explica qué es una denuncia y cómo se puede formular.
“De acuerdo con el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), cualquier ciudadano, víctima o no, que tenga conocimiento de la comisión de un hecho punible, puede formularla”.
Más abajo se muestra cómo son los pasos:en el caso de que sea en forma verbal, el denunciante debe dirigirse al Ministerio Público o ante los órganos de policía de investigaciones penales competentes, donde se le tomará entrevista y se levantará un acta en presencia del denunciante, quien la firmará junto con el funcionario que la reciba.
Mientras, que a través de la forma escrita, esta debe ser consignada en un documento firmado por el denunciante o por un apoderado con facultades para hacerlo y bajo un registro totalmente legal de ese poder.
Si la persona no puede firmar, estampará sus huellas dactilares.
También está dispuesta la línea telefónica 0800-Fisca-00 para la atención de cualquier tipo de queja desde cualquier parte del país.
